Mientras las calles de El Salvador viven una paz inédita tras tres décadas de terror —una paz que no es abstracta sino que se percibe en lo cotidiano, en la ausencia de ese miedo que durante años marcaba rutinas—, existe una nueva batalla que se libra en los despachos de las agencias de noticias internacionales.
La intensificación de publicaciones sobre la mortalidad en las cárceles salvadoreñas —como el CECOT— parecieran responder a un ejercicio de periodismo aislado, pero, si miramos con un poco más de atención y reflexión ¿en qué momentos aparecen? El silencio del Gobierno es usado como una pieza de ajedrez en un conflicto de narrativas donde la falta de “transparencia” se utiliza, como ataque. Esta bien, la información abierta es necesaria y los medios hacen su trabajo, pero también la información es poder y todo tiene sus tiempos. Y ¿no le corresponde a El Salvador decidir cuando es el momento?
Considero que es importante tener en cuenta, que todos los países del mundo tienen información sensible, y me parece necesario recordar el actual contexto de El Salvador para hacernos reflexionar sobre lo siguiente: ¿acaso no deberíamos preguntarnos si revelar cierta información puede ser un riesgo de seguridad de Estado? ¿Un arma contra la seguridad nacional? Hagamos un ejercicio, casi un análisis estratégico para explicar esto.
La Falacia de la Comparación Descontextualizada
Para un análisis riguroso sobre esto en El Salvador, el primer paso es reconocer que una estadística sin contexto histórico no explica la realidad, la distorsiona. Como yo puedo atestiguar por mis años vividos en el país —donde el miedo no era una idea abstracta, sino una realidad diaria que condicionaba la vida de cualquier ciudadano—, puedo exponer e incluso señalar que ciertos medios internacionales suelen omitir que, antes de 2019, las cárceles de El Salvador perdieron toda autoridad con los presos y estos, sintiéndose impunes, ordenaban todo tipo de actos delictivos y crímenes, convirtiéndose en centros de mando de criminales.
Bajo los gobiernos de ARENA y el FMLN, las cárceles eran lugares donde seguir con vida al día siguiente era todo un reto. Los homicidios en el interior de los penales no eran hechos aislados, sino una constante que, en muchos casos, se manifestaba en forma de masacres, por poner dos ejemplos: 31 muertos en Mariona (2004) o los 14 en Quezaltepeque (2015), y respondían a una dinámica sostenida de violencia extrema dentro del sistema penitenciario. Las muertes dentro de los penales, eran el resultado de un Estado que había perdido el control. Y no eran relatos lejanos, sino historias que circulaban con naturalidad entre la población, como parte de una violencia normalizada.
Puedo ser muy sensacionalista y contarles, para que no queden en fríos números, que se llegó a niveles de brutalidad extrema, incluyendo desmembramientos, decapitaciones y prácticas que deshumanizaban completamente a las víctimas.
Hoy, la crítica se centra en muertes por causas naturales cuestionables, complicaciones médicas por abandono y supuestas —y es muy importante recalcar, supuestas— acusaciones al Gobierno como responsables. Pero hagamos un ejercicio para comprender basándonos en la proporcionalidad: en una población carcelaria de 100.000 personas, las tasas de mortalidad documentadas por ONGs están, paradójicamente, dentro o incluso por debajo de los estándares de sistemas penitenciarios de otros países, como el de Estados Unidos.
Sin embargo, el foco se pone en El Salvador no por la cantidad, sino por el contexto de un gobierno que ha decidido no ceder información. ¿Por qué? Pues quizá porque puede ser información altamente sensible. Vamos a ver cómo sí.
Inteligencia de Estado vs. “Transparencia” Suicida
Como siempre les digo y explico en mi libro, El Salvador no se enfrenta a una delincuencia común o jóvenes desorganizados cuando hablamos de las maras, sino a fuerzas criminales que funcionaban y operaban como un Estado paralelo, y que “gobernaron” el país durante 30 años. Eran en definitiva, terroristas atentando contra población civil. Revelar fichas técnicas, perfiles médicos o protocolos de custodia en un centro de máxima seguridad como el CECOT, en el contexto actual del país, sería un acto de imprudencia estratégica.
Todo Estado soberano tiene el derecho legal de declarar información como “Secreto de Estado” o “Información Reservada” cuando la seguridad nacional está en juego. El Salvador está en fase de estabilización —como sabe todo aquel que se dedique a la seguridad— así que abrir los archivos que se le exige al Gobierno ahora mismo, sería arriesgar una paz que apenas tiene cuatro años de vida frente a tres décadas de metástasis criminal.
Explicar esto no es justificar, ni tampoco implica que yo piense que no deban existir mecanismos de supervisión o control. Pero, ¿acaso suena tan extraño querer mantener un necesario control y reserva de información? La exigencia de transparencia absoluta en un contexto aún inestable puede tener consecuencias que van mucho más allá del debate público.
Que los cabecillas de estas fuerzas criminales estén encerrados no significa que su red de influencia haya desaparecido. La información en las manos equivocadas siempre es un peligro.
El “Timing” de las informaciones: ¿Inocencia o Agenda?
A estas alturas del partido, que aparezcan ciertos artículos en momentos muy significativos sería ingenuo pensar que ocurre por azar. ¿Y si hacemos el ejercicio de observar si existe una sincronización entre la publicación de estos informes de ONGs —algunas de ellas surgidas en el contexto del Régimen de Excepción— y los momentos en que El Salvador busca consolidar su posición internacional o financiera?
Como europea, observo a menudo ciertos hábitos en algunos medios que trasladan informaciones con una “inocencia selectiva”. Juzgan un escenario de posguerra criminal —la que ha ganado el Gobierno de El Salvador contra estructuras criminales que sometían al país entero— desde los estándares de una paz centroeuropea que no ha experimentado el terror físico y psicológico que imponían las maras. Y muy importante recordar: la presión y fuerza que el gobierno uso en esta “guerra contra las pandillas”, es la que legalmente tenía y tiene a su alcance para ejercer el cumplimiento de la ley y el orden, como todo gobierno democráticamente constituido.
Al “agitar el avispero” con datos parciales, cabe preguntarse si en verdad buscan proteger, o contribuir a erosionar la autoridad de un Estado que ha demostrado que el orden, es el requisito previo para cualquier otro derecho.
En mi opinión, la verdadera pregunta que en Europa deberíamos hacernos no es por qué El Salvador, como país soberano, tiene y mantiene información reservada sobre lo que considera —incluidas sus cárceles—, sino por qué existe tanta prisa en que el Estado de explicaciones a entes externos que durante años, no se las pidieron a gobiernos que habían normalizado las muertes diarias y sí, cuando apenas han pasado cuatro años desde que lograron frenar una masacre al ciudadano común y corriente . Y digo bien, una masacre, una crisis humanitaria incalculable: Aproximadamente 100.000 homicidios en El Salvador entre 1992, año en que se firmó la paz y 2022.
Deberíamos detenernos y observar si el silencio de hoy es, precisamente, la condición para que la paz de mañana no vuelva a romperse en un país que durante 30 años enterraba todos los días.
Aun así, se le exigen respuestas inmediatas.
Mientras tanto, mas del 90% de la población salvadoreña respalda las decisiones y acciones que toma su gobierno. No les interesa las presiones externas, sino su nueva realidad: que sus vidas han dejado de organizarse alrededor del miedo, sino de la posibilidad —simple pero histórica— de poder vivir en paz.